La Filípica de los Lunes: Privatizaradio (I)

A todos nos han enseñado que las leyes están para cumplirlas. Y eso es algo que, en general, hemos asumido, quizás no tanto por convicción y civismo, como por el temor a las posibles represalias que se deriven del quebrantamiento de las normas. Por eso tanto a mí como al resto de personas que tratan de respetar la legislación, que dicho sea de paso quiero creer que es la mayoría de la población, nos sorprende mucho cuando sabemos y vemos cómo otros individuos se pasan por el forro de los pantalones o de lo que corresponda, la ley, el reglamento o la biblia en pasta, máxime cuando, como es el caso, se trata de un cargo público.

Todo esto viene a colación de las privatizaciones, más o menos encubiertas, de emisoras municipales que desde hace algunos años se vienen produciendo en algunos ayuntamientos. Según un estudio elaborado por la periodista Carolina Aguilera, en Andalucía el 11% de las emisoras municipales están gestionadas por particulares o empresas privadas. Y concretamente en la provincia de Granada es donde más se da esta situación superando el 21% de las radios públicas locales. Así es: uno de cada cinco ayuntamientos granadinos ha privatizado su emisora municipal. Ante esta realidad lo primero que podemos pensar es: "pues será una de las formas de gestión que permita la ley, ¿no?". Pues NO.

Toda la legislación nacional y autonómica, en Andalucía el Decreto 202/1991, entre otros, deja muy claro que las emisoras municipales deben ser gestionadas directamente por los ayuntamientos o mediante una empresa pública participada al 100% por el ayuntamiento. Tal y como apunta el profesor y periodista Manuel Chaparro, el ceder la gestión de las emisoras municipales "supone para los juristas consultados un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. El primero de los delitos amparado en la cesión consciente de un bien de propiedad pública, el segundo, en la no fiscalización de ingresos económicos producidos a través del uso de un bien otorgado mediante concesión temporal al municipio". A todo esto habría que sumar la retirada de la concesión por parte de la administración, en este caso la Junta de Andalucía.

Entonces, ¿cómo se atreven los alcaldes de ambos sexos a infringir la legalidad? Bueno, eso mismo nos preguntábamos más de una persona sobre los demanes urbanísticos hasta que por fin llegó el célebre "Caso Malaya" y todos los procesos judiciales posteriores por toda España. Lo peor de esto es que en la gran mayoría de los casos de privatizaciones ni siquiera se intuye algún posible beneficio económico por parte de los munícipes, simplemente lo que quieren es que la emisora municipal no les genere ni gasto ni quebraderos de cabeza. ¡Coño, pues no la tengas! Si como alcalde no estás intelectualmente capacitado para hacer de la emisora un servicio público en vez de una fuente de ingresos, nada tan sencillo como renunciar a la concesión y dejar libre la frecuencia para otro ayuntamiento que sí se crea esto de la radio al servicio de la ciudadanía.

La semana que viene seguiré con este tema y aprovecharé para hablar de casos concretos en la provincia de Granada. Para acabar sólo me queda desear que más pronto que tarde haya una "Operación Malaya de las ondas municipales"; estoy convencido que algún día caerá el peso de la ley sobre esos alcaldes privatizadores, ya que como bien asegura el refranero popular: "A todo cerdo le llega su San Martín".

Moisés Chacón